"La escuela inclusiva como un espacio político y de derecho social", por Gabriela Sancho Mena.

La escuela, pública e inclusiva, debe de ser un espacio donde todas las personas tengan un lugar. Es un derecho por medio del cual se deben potenciar todas las habilidades y abarcar todas las diversidades que tenemos en nuestra sociedad. También, debe de ser un lugar de oportunidad, reflexión, debate, acción participativa, invención, preguntas, investigación; una educación laica, colectiva, subversiva, emancipadora, liberadora, desafiante, cambiante y política.

Desde esta propuesta y visión de educación pública, el concepto de educación inclusiva no debe ni puede ser reduccionista. Tampoco debe ser  entendedida solamente como un tema de discapacidad o necesidades especiales (lo cual es válido también y fundamental). Para efecto de este análsis, se entiende Educación Inclusiva como:

Que todas las y los estudiantes deberán ser formados juntos, con las mismas normas y en la medida de lo posible en la misma institución educativa, independientemente de su género, origen étnico, procedencia cultural o económica o capacidades físicas o intelectuales [1].

Desde la pedagogía crítica, se sitúa este análisis de la educación inclusiva. Así, es necesario plantearse cuál tipo de escuela se tiene y cuál se lucha por tener, haciendo a la vez y de manera fundamental, una lectura del mundo y del contexto actual, donde tenemos sociedades más complejas y dichosamente más convulsas, lo que permite concluir que  no se puede ver de manera aislada.

Las escuelas responden a un sistema político, económico y social, y, desde las últimas décadas, a la educación pública se le imponen pedagogías liberales provenientes de políticas liberales, neoliberales y conservadoras, promotoras de currículos básicos, para nada integrales, en un contexto de clara intención de desmantelamiento del Estado (recortes presupuestarios en educación, desprestigio de lo público, aseleramiento y posicionamiento de las alianzas público privadas, privatización y descalificación de la labor docente). En este sistema educativo derechizador, claramente se contará con una educación parcializada, normalizadora, homogenizadora, que busca la estandarización y el disciplinamiento. En esta escuela no cabe la diversidad y, como bien menciona Perrenoud (2007, p. 191)[2]  será “la exclusión como respuesta a la heterogeneidad, la indiferencia ante las diferencias”.

Coherente con este análisis, así lo menciona  Giroux (2019)[3]:

La educación en las últimas tres décadas ha reducido rápidamente la capacidad para educar a los jóvenes y a otros, como agentes comprometidos social y críticamente” “…Cada vez son más las escuelas públicas que -pudiendo tener un potencial para promover la igualdad social y sostener la democracia- están cayendo bajo las fuerzas tóxicas de la privatización y los currículos estandarizados mecánicos, al tiempo que los profesores están sujetos a condiciones laborales intolerables…

El estudiantado en esta escuela se forma para la individualidad, el nihilismo y el aislamiento. Se forma con aprendizajes memorísticos, desligados de sus procesos histórico-culturales, con asignaturas desvinculadas unas de otras, y aprendizajes que funcionan en este contexto, pero no en su vida. Las y los docentes, en esta escuela, se desenvuelven en condiciones laborales cada vez más difíciles, con sobrecarga laboral, recortes salariales y regímenes de pensiones en riesgo, además de persecución sindical. Igualmente desvinculados pedagógicamente.

Con este análisis surgen preguntas: desde esta pedagogía liberal descrita anteriormente, ¿qué hace la escuela ante las diferencias? ¿cómo es la mediación pedagógica ante las diversidades?

En la mayoría de países de la región de América Latina existen leyes a favor de la educación inclusiva, sin embargo, no existen condiciones óptimas ni voluntad política ejecutar esas políticas debidamente, por lo tanto, siguen habiendo obstáculos financieros, pedagógicos, curriculares, de apoyo, didácticos, de infraestructura, de formación docente, entre otros, para tener y mantener aulas y procesos inclusivos.

Frente a esto, está la escuela inclusiva por la que luchamos, desde una pedagogía crítica, desde una visión de democratización de la educación, la cual respondería a políticas de índole social y que ve a la escuela pública como un espacio pedagógico crítico y político. En esta escuela, las y los estudiantes tienen acceso a su educación, y no solo están inmersos, sino que deben haber condiciones adecuadas y apropiadas para que se queden en la escuela. Es un espacio donde se considera el contexto y las realidades de cada persona y sus situaciones sociales, económicas, culturales, espirituales. Acá, la educación sería problematizadora, cuestionadora, de construcción colectiva, resuelve problemas vitales contextualizados de la vida diaria, se experimenta, se investiga, se debate, se expresa por medio de música, arte, literatura, ciencia y desde la colectividad crítica.

En esta escuela existe espacio para las diferencias; las diversidades son oportunidades de aprendizaje. En esta escuela, las y los docentes son partícipes de la educación y no solamente ejecutores de las políticas impuestas. Según Giroux, este concepto de educación y de escuela tiene un “sentido de la acción colectiva, la oposición política y la participación comprometida”[4], es decir, se propone la escuela como espacio político.

La imagen final es de  una escuela inclusiva, política, colectiva y transformadora. Esta es la escuela que queremos y por la que luchamos.

Nota: Este texto está basado en una intervención realizada en el Foro Internacional sobre Inclusión y equidad en la educación, organizada por la UNESCO, en Cali, Colombia, en el pasado mes de setiembre. En Representación de la Internacional de la Educación participó Gabriela Sancho Mena, Coordinadora Regional esta organización para la región de América Latina. 


[1]Internacional de la Educación (2018). ¿Cuánto queda por llegar? Los sindicatos de la educación evalúan los obstáculos del camino hacia una educación inclusiva. Tomado de: https://issuu.com/educationinternational/docs/2018_eiresearch_disability_sneakpre_5c012a82e20f61

[2]Perrenoud, P. (2007). Pedagogía de las diferencias. De las intenciones a la acción. Editorial Popular, España.

[3]Giroux, H. (2019). Terrorismo pedagógico y esperanza en tiempos de políticas fascistas. Tomado de: http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/312054

[4]Giroux, H. (2019). Terrorismo pedagógico y esperanza en tiempos de políticas fascistas. Tomado de: http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/312054


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Gabriela Sancho Mena

Gabriela Sancho Mena es Coordinadora Regional de la Internacional de la Educación para América Latina. Es licenciada en Psicología y tiene un Máster en Pedagogía con énfasis en Diversidad en los Procesos Educativos, de la Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica.

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