“La propiedad intelectual en los tiempos del coronavirus”, por Yamile Socolovsky.

Las medidas adoptadas por gran parte de los gobiernos para intentar controlar el ritmo de los contagios por la pandemia provocada por el COVID-19 han sido diversas, y en algunos casos insuficientes, o tardías. Pero en casi todo el mundo, la suspensión de las actividades educativas presenciales en todos los niveles ha sido la regla.

En estas circunstancias, se ha producido un traslado masivo y urgente de las acciones educativas a los entornos virtuales disponibles. Pero, si bien la utilización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación es un recurso ineludible para cualquier estrategia que apunte a asegurar la continuidad del funcionamiento de los sistemas educativos, se trata de un recurso que pone a la vista notorias desigualdades, conlleva importantes riesgos y plantea nuevos desafíos.

Pero sería un error suponer que simplemente asistimos a una “virtualización” de la acción educativa. Se trata de la incorporación acelerada y masiva de una nueva mediación tecnológica, con el fin de garantizar, con la continuidad de la enseñanza y el aprendizaje, el derecho a la educación en el contexto angustiante de una pandemia que azota a un mundo surcado por dramáticas desigualdades.

Democratizar, desmercantilizar el conocimiento

A medida que la pandemia se extendía y, con ella, las medidas de distanciamiento y aislamiento de la población trasladaban los intercambios educativos y académicos al entorno virtual, comenzaron a darse a conocer resoluciones de distintas instituciones públicas y privadas que liberaban transitoriamente de requisitos de pago el ingreso a archivos, museos, bibliotecas, para permitir el disfrute de libros, películas, y obras de variada índole.

También se ha permitido el acceso a publicaciones y bases de datos científicos para facilitar la comunicación de investigadorxs que intentan encontrar una respuesta médica que permita prevenir el contagio del COVID-19 o curar la enfermedad producida por el virus.

Al mismo tiempo, el traslado de los intercambios educativos a entornos virtuales conlleva forzosamente, y habilita tácitamente, la descarga, reproducción, copia, o traducción de materiales que las regulaciones existentes sobre la propiedad intelectual tornaban prácticamente intangibles para su utilización como recursos educativos.

De pronto, la excepcionalidad de la situación ha permitido que, por un momento, ocurra algo que podría ser normal. Podemos imaginarlo.

Que el arte y la cultura fueran accesibles para cualquiera, que pudieran emplearse como recursos educativos, sin que quienes los emplean para enseñar o para estudiar deban afrontar persecución judicial, sin que debamos pagar para leer publicaciones que dan cuenta de investigaciones científicas que, en muchos casos, se financian con fondos públicos, y que se supone tendrían como principal finalidad y motivación contribuir a mejorar la vida de las personas.

Podemos imaginarlo. Que la lógica colaborativa primara por sobre la competencia en la producción del conocimiento, que la poesía, la música, el cine, la reflexión crítica se compartieran y acompañaran nuestro tiempo, y que pudiéramos aplicar las nuevas tecnologías que ha inventado el ingenio humano para comunicarnos, incluso si no estuviéramos en una situación de distanciamiento físico forzada por un virus…

Lo cierto es que se trata, efectivamente, de una situación excepcional.

Y, sin embargo, la apertura de estas fuentes, y de las vías de acceso a ellas, debería permitirnos poner en entredicho las razones por las cuales parece que sólo una catástrofe justificaría dejar en suspenso la lógica privatista y excluyente que, en tiempos “normales”, no tolera que cualquiera disfrute de lo que está reservado sólo a quienes puedan pagarlo.

Porque esa es la única (sin)razón de las limitaciones existentes, que por un momento han sido relativamente relajadas: el lucro que permite, no a las y los autores, sino a quienes construyen un negocio administrando el acceso a sus creaciones, obtener ganancias a partir de la expropiación de la cultura, el conocimiento, la información y las oportunidades educativas. Esto es, convirtiendo en una mercancía aquello que es, en verdad, un derecho de las personas, de los pueblos, de la humanidad.

Un mundo post-crisis: desafíos futuros

La pandemia no termina de pasar, y ya nos estamos preguntando qué nos espera el día después.

Muchxs evocan visiones apocalípticas que sólo ven en el futuro la consumación del imperio global de las corporaciones sobre la base de un dispositivo tecnológico-autoritario, otrxs se alivian imaginando una vuelta a una normalidad que ignora que ya es un dato de la realidad el agravamiento de las condiciones de vida para millones de personas, y algunxs fantasean con la ilusión de una casi espontánea transformación radical de la sociedad sobre la base de un humanismo estimulado por el trauma de la pandemia.

Al final, más bien parece que, parafraseando a Jean Paul Sartre, sólo seremos lo que hagamos con lo que la historia ha hecho de nosotras y nosotros.

En esa perspectiva, en la que no hay ningún pronóstico que nos exima de seguir haciendo esfuerzos por construir un mundo más habitable, no es recomendable ninguna ingenuidad. 

Uno de los riesgos que enfrentamos, en este acelerado ingreso al ‘territorio’ de la virtualidad, es, justamente, el alto grado de exposición al que nos somete la falta de un conocimiento suficiente del modo en que pueden ser empleados los datos que proporcionan nuestros intercambios en la red, y nuestra ignorancia de quiénes estarían en condiciones de aprovecharlos.

Se trata de información que permite a las empresas proveedoras acceder a datos que luego son empleados para proponernos oportunidades de consumo de productos de la más variada índole, incluyendo consumos ‘culturales, y que también puede ser empleada para direccionar nuestra atención, sensibilidad, información y, a la larga, decisiones.

Nuestra circulación por las redes deja una huella que facilita la manipulación de nuestros gustos e intereses, y puede contribuir a legitimar la omnipresencia de los pocos principales beneficiarios de un gran negocio transnacional, que se extiende también, y de manera muy significativa, al ámbito educativo y académico.

Es imprescindible politizar nuestra participación en el mundo virtual, configurado por intereses muy concretos que tienen efectos reales sobre nuestras vidas. También en la web es imprescindible mantener una vigilancia crítica, cuidar que nuestras acciones no resulten funcionales a la mercantilización de aquello que consideramos derechos fundamentales, como la educación, el conocimiento y la cultura.

En ese sentido, debemos seguir apoyando el desarrollo de alternativas no comerciales en las que la tecnología que la humanidad ha logrado desarrollar sea considerada un bien común que sólo puede contribuir a la construcción de sociedades más justas e igualitarias si es puesta al servicio del interés general. 

El destino de nuestra humanidad no está escrito, pero parece ser cada vez más urgente comprender que si no somos capaces de torcer el rumbo de las cosas, el mundo será cada vez más inhabitable. En medio de esta crisis, también es un desafío lograr que el distanciamiento no nos aísle, que la incertidumbre no paralice el pensamiento crítico, que el temor no nos impida encontrar, en la solidaridad y el valor del esfuerzo colectivo, las señales de un tiempo mejor.


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Yamile Socolovsky

Yamile Socolovsky es profesora de Filosofía Política en la Universidad Nacional de La Plata (Argentina). Es Directora del Instituto de Estudios y Capacitación y Secretaria de Relaciones Internacionales de la Mesa Ejecutiva de CONADU. También es Secretaria de Formación e Investigación de la Central de Trabajadores de Argentina. 

 

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