• Mundo de la Educación
  • Blog
  • “La transformación de las economías y la financiación de la educación pública después de la COVID-19”, por David Archer.

“La transformación de las economías y la financiación de la educación pública después de la COVID-19”, por David Archer.

Los sistemas de salud pública y de educación pública que están siendo subfinanciados desde hace una generación se encuentran desbordados por la COVID-19. Justo ahora estamos empezando a ver la magnitud del impacto que va a tener esta situación en los países de bajos ingresos y en las niñas y las mujeres en particular. Gran parte de la responsabilidad de cuidar a las personas enfermas y a los niños que han dejado de ir a la escuela y se hallan en sus hogares ha recaído en las mujeres, al igual que la carga adicional que supone ir a buscar agua para que las familias puedan lavarse las manos con mayor frecuencia. Esta situación hace que las pruebas, los análisis y las recomendaciones que figuran en un nuevo informe de ActionAid adquieran una relevancia preocupante. Exponemos cómo la mayoría de los países de bajos ingresos podrían duplicar el gasto que destinan a la educación, a la salud y a otros servicios públicos esenciales mediante la adopción de medidas en materia de tributación, deuda y austeridad.

El nuevo informe de ActionAid,Who Cares for the future: finance gender responsive public services [A quién le importa el futuro: la financiación de unos servicios públicos con una perspectiva de género], fue presentado en las reuniones de primavera virtuales del FMI / Banco Mundial. Se fundamenta en una investigación innovadora llevada a cabo el año pasado sobre las condiciones y el asesoramiento político del FMI que afectan a los servicios públicos en todos los países de ingresos bajos y en muchos países de ingresos medios; sobre la nueva crisis de la deuda y sus repercusiones en el gasto público (con el jubileo de la deuda); sobre el potencial de las reformas fiscales progresivas y sensibles a las cuestiones de género; sobre las tendencias del gasto público destinado a la salud, la educación, el cuidado de la primera infancia y el agua, y, por último, sobre los vínculos existentes entre la escasa financiación de los servicios públicos y la carga de los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados que soportan principalmente las mujeres. En las últimas seis semanas, el análisis y las recomendaciones del informe se han actualizado a la luz (o ante la oscuridad) de la pandemia.

Antes de la pandemia, en el ámbito mundial las mujeres dedicaban un promedio de 4 horas y 25 minutos al día a la prestación de cuidados y al trabajo doméstico no remunerados, en comparación con los hombres, cuyo promedio era de solo 1 hora y 23 minutos. Esto ha ido cambiando a razón de menos de un minuto por año. Si se valora adecuadamente, este trabajo representaría al menos el 9% del PIB mundial u 11 billones de dólares estadounidenses. En el punto álgido del confinamiento es probable que la prestación de cuidados y el trabajo doméstico no remunerados que realizan las mujeres hayan aumentado significativamente. También resulta más evidente que nunca que la prestación de cuidados de calidad a la primera infancia, a la educación pública, a la salud, al agua, a la energía y a la protección social tienen un papel fundamental que desempeñar para poner fin a esta injusticia.

Lamentablemente, los servicios públicos de los países de bajos ingresos tienen un déficit crónico de financiación desde hace décadas, lo que hace que estén lejos de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y no puedan responder eficazmente a la COVID-19. Aquellos que luchan para que los diferentes servicios públicos reciban más financiación a menudo se pelean entre sí para obtener la parte más grande de un pequeño pastel (en calidad de activistas de la educación, exigimos una proporción del 20%), en lugar de trabajar juntos para abordar aspectos financieros más amplios y estratégicos, como la deuda, la austeridad y la fiscalidad, que podrían dar lugar a un cambio de sistema para la educación, así como para todos los demás servicios públicos.

La COVID-19 ha golpeado en un momento en que la magnitud de una nueva crisis de la deuda ha quedado en evidencia. Nuestra nueva investigación muestra que los países que destinan más del 12% de sus presupuestos al servicio de la deuda han recortado en los últimos tres años sus gastos destinados a los servicios públicos. De hecho, algunos países gastan más en el servicio de la deuda que en la educación y la salud juntas. En el contexto de la COVID-19, los gobiernos de los países en desarrollo deberían poder suspender todos los pagos de la deuda y aprovechar inmediatamente los fondos que ya están en sus arcas para ofrecer una respuesta integral. Ha habido algún movimiento en las reuniones del FMI / Banco Mundial esta semana, pero su dimensión es claramente insuficiente. Existe un acuerdo para suspender los pagos de la deuda de 25 países durante 6 meses, pero hay más países que lo necesitan y ya está claro que es necesario suspenderlos por lo menos hasta finales de 2021 —durante 20 meses y no 6 meses—. Más importante aún es que haya un acuerdo a más largo plazo para que ningún país pueda destinar más del 12% de su presupuesto nacional al servicio de la deuda en caso de que tenga una grave escasez de recursos para financiar los servicios públicos esenciales.

Aunque se haya estado debatiendo mucho sobre la deuda en las últimas semanas, se ha hablado mucho menos de las políticas de austeridad que han dado lugar a que los países de bajos ingresos estuvieran tan mal preparados para hacer frente a la COVID-19. En los últimos años, el FMI ha elaborado muchos informes de investigación y políticos de carácter progresista, pero nuestra nueva investigación pone de manifiesto que en la práctica se aplican las antiguas políticas de siempre. El FMI ha seguido conteniendo el gasto público mediante la imposición de unos objetivos de baja inflación (en el 80% de los países) y unos objetivos de déficit (en el 96% de los países) innecesarios y mediante la congelación o el recorte de los gastos salariales del sector público (en el 78% de los países). Los mayores grupos de personas a los que van destinados los gastos salariales del sector público en todo el mundo son los docentes, los médicos y el personal de enfermería. ¿Cómo pueden los países esperar alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible si no pueden emplear a más docentes, médicos, personal de enfermería o trabajadores de la salud? Hasta el momento, no hay ningún indicio serio por parte del FMI de eliminar esas condiciones o de modificar sus recomendaciones.

Una tercera cuestión crucial para la financiación de los servicios públicos es la fiscalidad. Los países de bajos ingresos tienden a tener una baja proporción de impuestos en relación con el PIB (solamente un 17% de promedio, en comparación con el 34% en los países de la OCDE y más del 40% en Escandinavia). Además, la mayoría de los impuestos están más dirigidos a los pobres que a los ricos, en gran medida porque el FMI ha aconsejado a los países de bajos ingresos que prioricen el impuesto sobre el valor añadido (IVA) en lugar de unos impuestos más redistributivos. Nuestra investigación reveló que los países pueden ampliar sus bases impositivas de manera rápida y justa. De hecho, es realista que la mayoría de los países amplíen la proporción de impuestos en relación con el PIB en al menos un 1% al año, lo que se traduciría en un 10% para el plazo de los ODS de 2030. Eso duplicaría la recaudación de impuestos en países como Nigeria y Pakistán, que tienen el mayor número de niños sin escolarizar. Después de la COVID-19, esto puede y debe hacerse progresivamente, poniendo especial énfasis en las personas y corporaciones más ricas, lo cual permitiría a la mayoría de los países duplicar en los próximos 5 años el gasto que destinan a la educación pública, la salud, el agua y la protección social.

Una combinación de acciones sobre la deuda, la austeridad y la fiscalidad permitiría duplicar la inversión en todos los servicios públicos. Esto sería clave para disponer de la financiación necesaria para los ODS 4 y para otros ODS, así como para permitir que los estados pudieran cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos. Estimamos que de esta manera también se podrían ahorrar a las mujeres del mundo 9000 millones de las horas que dedican cada día a los cuidados y al trabajo doméstico no remunerados.

Después de la COVID necesitaremos una nueva economía, una economía que no se limite a medir el progreso mediante el crecimiento del PIB, ignorando los límites planetarios y haciendo invisible el trabajo no remunerado de las mujeres. Debemos construir unas sociedades y unas economías que se preocupen tanto por las personas como por el planeta y que valoren y midan intrínsecamente el cumplimiento de los derechos básicos.


8d777f385d3dfec8815d20f7496026dc9022.png

David Archer

David Archer es Jefe de Participación y Servicios Públicos de ActionAid, fue Jefe de Educación durante muchos años.  Es uno de los co-fundadores de la Campaña Mundial para la Educación. En la actualidad es Presidente de la Junta de la Iniciativa por el Derecho a la Educación y Presidente del Comité de Estrategia e Impacto de la Alianza Mundial para la Educación. David tuitea como @DavidArcherAA.

Comparte esta página

Tweets

Síguenos

Perfiles de países